Ginecóloga Enfrenta Graves Acusaciones en Caso Senasa 2.0
Este domingo a las 7:00 de la noche, el tribunal anunciará su decisión sobre la medida de coerción solicitada contra 22 médicos y empleados de la ARS estatal.
La doctora Griselda Altagracia Basora Ramírez se encuentra en el centro de una tormenta legal, enfrentando acusaciones de fraude al Seguro Nacional de Salud Pública (Senasa) y otras denuncias, como operar una clínica de estética sin los permisos necesarios. En dicha clínica, un barbero sin formación médica realizó una liposucción que resultó en la muerte de una joven en julio.
Basora Ramírez es parte de un grupo de 22 médicos detenidos por el Ministerio Público, acusados de cobrar por consultas y procedimientos no realizados a afiliados de Senasa. Se le atribuye específicamente presentar reclamaciones por procedimientos ginecológicos a hombres.
En julio, Salud Pública reveló que la Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora, ubicada en Santo Domingo Este, operaba de manera clandestina. En este centro, el barbero Enmanuel Hernández realizó la fatal liposucción.
La víctima, Rebecca Brizard, tenía 28 años. Tras el incidente, las autoridades citaron a Basora, quien inicialmente ignoró el citatorio, pero luego compareció ante representantes de Salud Pública.
El barbero dejó el país después de que la muerte de Brizard se hiciera pública.
Se comprobó que Basora Ramírez presentó reclamaciones médicas en julio de 2024, atribuyendo diagnósticos y procedimientos médicos incompatibles con el sexo masculino a un hombre.
La solicitud de medida de coerción, conocida como Operación Cobra 2.0-A, detalla que reclamó pagos por diagnósticos ginecológicos a un paciente masculino.
El documento solicita 18 meses de prisión preventiva para Basora y sus colegas, y durante un allanamiento se encontraron documentos societarios de su clínica.
El pasado miércoles, se presentó una querella civil encabezada por Basora Ramírez por fraude a la ARS estatal. María de los Ángeles Flores Ovando, una afiliada, exige una indemnización de 20 millones de pesos por el uso indebido de sus datos personales.
Otros médicos implicados incluyen a José Luis Díaz Hernández y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, así como al Centro Médico Universal, todos parte del caso Senasa 2.0.
