Hallazgos de la Cámara de Cuentas en el Mirex (2017-2018): Pagos sin justificación y bienes extraviados

Una reciente auditoría llevada a cabo por la Cámara de Cuentas ha revelado una serie de irregularidades en la gestión financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) durante el periodo que abarca de enero de 2017 a diciembre de 2018, bajo la dirección de Miguel Vargas.

Los resultados de la auditoría han sido impactantes. Se han encontrado desembolsos significativos sin justificación clara, como los RD$96,944,000 destinados a salarios del Programa Estudio Impacto Migratorio en 2018, sin pruebas del trabajo realizado. También se detectó el pago de RD$9,959,987 por mobiliario de oficina sin un control adecuado, lo que impidió la verificación física de los bienes.

Además, se han identificado otras irregularidades, como la entrega de equipos y materiales sin registros de salida, pagos de pasivos sin documentación y modificaciones en contrataciones que no cumplían con el objeto original, en violación de normativas establecidas.

La auditoría ha revelado pagos excesivos por trabajos no realizados y bienes desaparecidos, incluyendo una obra de arte y dos vehículos asignados a embajadores. Incluso se menciona la falta de una butaca valorada en RD$162,227 durante la remodelación de oficinas.

La construcción del parqueo soterrado también ha sido objeto de críticas, con la ejecución de la obra sin la supervisión adecuada y la necesidad de un adendum por estudios básicos no contemplados inicialmente.

En el ámbito de las contrataciones, se han detectado inconsistencias en los procedimientos, incumplimientos de normas y falta de transparencia en la gestión de fondos públicos. La Cámara de Cuentas ha destacado la importancia de garantizar el uso adecuado de los recursos del Estado, en concordancia con los principios de transparencia y eficacia en la administración pública.

Estos hallazgos podrían acarrear consecuencias legales para los responsables, de acuerdo con la Ley n.º 10-04. Es fundamental que se tomen medidas correctivas y se asegure una gestión responsable y transparente de los recursos públicos, en cumplimiento de las normativas vigentes.