Reflexiones sobre la Justicia y el Rol de la Policía en la República Dominicana
La celebración de la muerte de un sospechoso refleja un profundo cansancio frente al crimen y una creciente desconfianza en el sistema de justicia dominicano.
La frase “puesto en 29” se ha convertido en un término común para describir la muerte de un presunto delincuente a manos de la Policía, un desenlace que algunos sectores de la sociedad aplauden.
Sin embargo, aplaudir que los agentes tomen la justicia por sus manos es aceptar que la Policía reemplace a los tribunales, imponiendo una pena de muerte que nuestra Constitución prohíbe.
La delincuencia es un problema que afecta a todos, generando una legítima angustia sobre la seguridad de nuestras familias.
No obstante, permitir que la Policía decida quién debe morir nos expone a riesgos aún mayores, comprometiendo a todo el sistema judicial y penitenciario.
Actualmente, la Policía Nacional tiene más de 53,000 órdenes de arresto pendientes, lo que no siempre se traduce en igual número de personas buscadas.
El caso del detenido por el asalto a Kenny Grullón, con más de diez registros policiales, plantea serias preguntas sobre la eficacia de las investigaciones y decisiones judiciales.
En el ámbito penitenciario, se han reportado decomisos de celulares y otros objetos prohibidos en Las Parras, lo que obliga a investigar cómo estos artículos ingresan a las cárceles.
El Salvador y Brasil ofrecen experiencias que podrían ser estudiadas por sus resultados en seguridad y reinserción, pero siempre dentro del marco legal.
La certeza del castigo, más que su severidad, es lo que disuade el crimen, como sostenía Cesare Beccaria.
Es crucial que cada intervención policial sea investigada de manera independiente para evitar ejecuciones extrajudiciales.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece que la privación intencional de la vida solo es admisible para proteger otra vida ante una amenaza inminente.
La solución pasa por capturas oportunas, investigaciones sólidas y un sistema penitenciario que prepare para la reinserción, además de atender a las víctimas.
La expresión “puesto en 29” es una confesión de derrota institucional: la sociedad aplaude una muerte porque ha perdido la fe en que el Estado pueda hacer justicia.
