“Camacho aboga por sanciones ejemplares en casos de corrupción”

El Ministerio Público ha logrado demostrar todas las acusaciones de delitos en el caso de la Operación Antipulpo, incluyendo soborno, estafa al Estado, falsificación de documentos y lavado de activos, resultando en 29 condenas, entre las que se destaca la del líder de la estructura. Wilson Camacho, procurador adjunto, enfatizó la importancia de estas sentencias para combatir la impunidad en el país.

En una entrevista por el décimo aniversario de Acento TV, Camacho expresó que, aunque esperaba más, el proceso ha sido significativo al comprobar todos los delitos imputados. El Ministerio Público, bajo la dirección de Camacho, ha sido determinante en probar los delitos imputados, como soborno, estafa al Estado, falsificación de documentos y lavado de activos.

Camacho subrayó la relevancia de estas sentencias para el avance del país hacia la erradicación de la impunidad. A pesar de haber obtenido 29 condenas, Camacho admitió que anhelaba un resultado aún mayor, pero celebró el progreso logrado en la lucha contra la corrupción.

El procurador adjunto resaltó la importancia de que el principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del entonces presidente, haya sido responsabilizado por sus acciones corruptas, las cuales impactaron diversas entidades públicas.

El Ministerio Público apelará la sentencia, programada para el 25 de septiembre, con la esperanza de que el sistema de justicia actúe en coherencia con las pruebas presentadas y el daño causado. Camacho confía en que las pruebas presentadas son sólidas y garantizan que los responsables rindan cuentas.

Desde 2020, con la llegada de la procuradora Yeni Berenice Reynoso, el Ministerio Público ha adoptado una nueva estrategia para perseguir estructuras completas en los casos de corrupción, lo que ha llevado a procesos más amplios y detallados.

A pesar de la timidez de los tribunales en imponer sanciones en casos de corrupción, Camacho confía en que se asumirá un rol más activo en la lucha contra la impunidad en la República Dominicana. El objetivo es garantizar que una vez probados los hechos, se apliquen las sanciones correspondientes.