Empresas Dominicanas Enfrentan Nueva Etapa de Responsabilidad Penal
La implementación de la responsabilidad penal para empresas en la República Dominicana se aproxima sin un plan verificable, generando preocupación en el sector empresarial. Aunque se ha propuesto una prórroga, la falta de preparación podría trasladar el problema al futuro sin resolverlo.
La Ley núm. 74-25, que establece el nuevo Código Penal, y su modificación por la Ley núm. 44-26, entrarán en vigor el 5 de noviembre de 2026. Estas leyes responsabilizan penalmente a las empresas por actos u omisiones de sus representantes, siempre que resulten de un incumplimiento de deberes de dirección o supervisión.
El senador Rafael Barón Duluc ha propuesto extender el plazo de implementación por 24 meses, lo cual cuenta con el respaldo de varias asociaciones empresariales. Estas organizaciones abogan por reglas proporcionales y modelos de cumplimiento adaptados al tamaño y riesgo de cada empresa.
El artículo 8 del Código Penal redefine la responsabilidad empresarial, exigiendo a los fiscales probar tanto la comisión del acto como el incumplimiento de la empresa. Las sanciones pueden incluir multas significativas y la disolución de la persona jurídica, entre otras penalidades.
La ley ofrece exenciones y atenuantes para empresas que implementen programas de cumplimiento efectivos. Sin embargo, la efectividad de estos programas debe ser evaluada adecuadamente para evitar que se conviertan en meros formalismos.
La implementación de esta ley requiere que todas las partes del sistema judicial estén preparadas. Esto incluye al Ministerio Público, jueces, reguladores y las propias empresas, quienes deben identificar riesgos y establecer controles adecuados.
El riesgo de criterios contradictorios entre reguladores y jueces es una preocupación adicional. La falta de un estándar común podría llevar a sanciones administrativas y penales por un mismo hecho, lo cual es problemático.
Para evitar estos problemas, se propone una prórroga con condiciones claras, incluyendo una hoja de ruta con fechas específicas, una guía oficial de programas de cumplimiento, y un calendario de formación para el sistema de justicia.
Las empresas deben comenzar a implementar programas de cumplimiento de inmediato, ya que estos no solo reducen riesgos penales, sino que también son exigidos por bancos e inversionistas. La responsabilidad penal empresarial es una reforma positiva, pero su éxito depende de una implementación adecuada y oportuna.
