Controversia Creciente por Muertes en Operativos Policiales en República Dominicana

Controversia Creciente por Muertes en Operativos Policiales en República Dominicana

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha defendido las acciones de la Policía Nacional en medio de crecientes críticas por el uso excesivo de la fuerza en operativos que han resultado en muertes de ciudadanos.

Organizaciones comunitarias, entidades de derechos humanos y partidos políticos han expresado su preocupación por los denominados “intercambios de disparos” que han dejado un saldo de numerosas víctimas mortales. Estas entidades exigen una revisión exhaustiva de cada caso para esclarecer las circunstancias de los fallecimientos.

Desde septiembre, las demandas han aumentado, incluyendo llamados al presidente Luis Abinader para intervenir y detener estas prácticas. Además, se han presentado acciones legales ante la Procuraduría General de la República y solicitudes para que el Congreso Nacional interpele a la ministra Raful y al director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García.

El Instituto Dominicano de Derecho Penal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han solicitado investigaciones independientes para determinar la legitimidad del uso de la fuerza en estos operativos. La falta de evidencia visual y la necesidad de transparencia en los protocolos policiales han sido puntos centrales de sus demandas.

El Partido de la Liberación Dominicana también ha solicitado explicaciones al Congreso sobre las muertes durante estas intervenciones, señalando la falta de información pública sobre las investigaciones en curso.

En respuesta a las críticas, la ministra Raful ha negado que los “intercambios de disparos” sean una política de Estado, subrayando que la reforma policial prioriza los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza.

Un análisis reciente ha documentado un alarmante número de muertes en un corto período, lo que ha intensificado el debate sobre la necesidad de una supervisión externa de los operativos policiales y la protección de testigos y familiares de las víctimas.