Abogados Exigen Investigación sobre Muertes en Operativos Policiales en RD
Un grupo de siete abogados ha solicitado al procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, que investigue a los fiscales involucrados en la tramitación de órdenes de arresto que resultaron en muertes durante operativos policiales.
La denuncia busca identificar a quienes solicitaron las órdenes judiciales, a qué agentes fueron entregadas y las acciones del Ministerio Público antes y después de los incidentes fatales.
La petición, fechada el 11 de noviembre, está firmada por destacados juristas como Carlos Balcácer y Cándido Simón Polanco, quienes insisten en que la investigación no debe limitarse a la conducta de los policías que dispararon.
Los abogados quieren determinar si los fiscales supervisaron la ejecución de las órdenes, participaron en diligencias posteriores y documentaron adecuadamente las circunstancias de cada muerte.
Solicitan que Sepúlveda pida a la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, encabezada por la jueza Kenya Romero, la identificación de los fiscales que requirieron las órdenes de arresto y allanamiento.
Además, exigen conocer las fechas de emisión de las órdenes, quién las retiró del tribunal y si estaban vigentes al momento de los operativos.
La denuncia también se enfoca en la actuación de los fiscales tras los fallecimientos, solicitando identificar a quienes firmaron las actas procesales y si estuvieron presentes en los lugares de los hechos.
Proponen revisar autopsias, informes de médicos legistas, peritajes balísticos y grabaciones de cámaras de vigilancia para verificar las versiones de enfrentamientos armados.
Los abogados advierten que, de no recibir respuesta a sus solicitudes, acudirán ante un juez para exigir acciones concretas.
La controversia se extiende más allá de estos casos, con al menos 116 muertes reportadas como intercambios de disparos desde septiembre, mientras iniciativas legislativas para abordar el tema no han avanzado en el Congreso.
El director policial, Ernesto Rafael Rodríguez García, ha respondido a las acusaciones afirmando que toda imputación debe estar sustentada con pruebas.
Los juristas insisten en que es necesario revisar tanto las actuaciones de los policías como los controles del Ministerio Público, con el objetivo de identificar las órdenes judiciales, los fiscales responsables y las diligencias realizadas cuando los procedimientos terminaron en muertes.
