ADP Exige Disculpas de la Policía y Amenaza con Suspender Clases en Bonao
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha lanzado una advertencia contundente: suspenderán indefinidamente las clases en Bonao a partir del lunes 16 de noviembre si la Policía Nacional no se disculpa públicamente por los incidentes durante una protesta frente a Edenorte.
Esta medida se anuncia a pesar de que el Tribunal Constitucional, en 2019, dictaminó que las paralizaciones prolongadas de la enseñanza pública pueden vulnerar el derecho a la educación de los estudiantes.
Raúl Martínez, presidente de la seccional de la ADP en Bonao, ha condicionado la continuidad de las clases a una disculpa oficial, tras los enfrentamientos ocurridos cuando los manifestantes intentaban entregar un documento con sus quejas a la distribuidora eléctrica.
Los maestros protestaban por las elevadas facturas de electricidad, que según denuncian, oscilan entre 45,000 y 60,000 pesos mensuales. Durante la manifestación, se reportaron lanzamientos de objetos y bombas, aunque las circunstancias exactas no han sido esclarecidas.
Esta amenaza se suma a la reducción de la jornada escolar que la seccional ha implementado todos los viernes desde el 6 de noviembre, bajo la consigna “Viernes de lucha”. Los estudiantes son despachados a las 12:30 del mediodía, mientras los maestros permanecen en los planteles hasta las 3:00 de la tarde.
Esta decisión implica una pérdida significativa de horas de docencia semanal para los alumnos, afectando tanto a los de jornada extendida como a los de la tanda vespertina, según los horarios del Ministerio de Educación.
El antecedente jurídico de esta amenaza es la sentencia TC/0064/19, en la que el Tribunal Constitucional rechazó un recurso de la ADP y confirmó una sentencia de amparo que ordenaba levantar la suspensión de la docencia.
El fallo también impuso una multa coercitiva de 50,000 pesos por cada día de incumplimiento de aquella orden. El Tribunal reconoció el derecho de los profesores a reclamar mejores condiciones laborales, pero estableció límites cuando la huelga afecta gravemente la educación de niños y adolescentes.
La sentencia subraya que la educación pública gratuita y obligatoria debe ser protegida frente a paralizaciones que impidan a los estudiantes recibir la enseñanza prevista en el calendario escolar.
