Decisiones Estratégicas: El Reto de la Contratación Pública en República Dominicana

Decisiones Estratégicas: El Reto de la Contratación Pública en República Dominicana

La República Dominicana enfrenta un desafío crucial en sus decisiones de contratación pública. Ampliar un puerto, implementar una plataforma digital para servicios públicos o adquirir equipos para un hospital son ejemplos de decisiones que pueden tener consecuencias a largo plazo.

En el reciente Congreso Internacional de la Red de Observatorios de Contratación Pública en Punta Cana, se discutió cómo la neutralidad en los pliegos de contratación es una ilusión. El Estado no solo elige qué comprar, sino también de quién dependerá, lo que puede llevar a una dependencia riesgosa.

Ejemplos internacionales, como las restricciones de Estados Unidos y la Unión Europea a ciertos proveedores, muestran la importancia de tener criterios propios. En América Latina, la pregunta es si adoptaremos criterios externos o desarrollaremos los nuestros.

Un problema menos visible que la corrupción es la burocracia defensiva. A menudo se elige el menor precio o el procedimiento más rígido, no porque sea lo mejor, sino porque es más fácil de justificar ante la opinión pública y los auditores.

La transparencia y la competencia deben ser principios fundamentales, pero deben aplicarse considerando el contexto actual. La resiliencia y la competencia no son enemigas; su enemigo común es la dependencia.

Para la República Dominicana, convertirse en una jurisdicción confiable para la contratación de infraestructura crítica es una ventaja estratégica. La Ley 47-25 ofrece el marco adecuado, pero su aplicación debe evitar caer en viejos hábitos.

Proponemos tres pruebas para contrataciones críticas: criticidad, dependencia y resultado. Cada restricción debe estar técnicamente motivada y ser revisable.

El verdadero examen de una contratación estratégica ocurre cuando surgen problemas, como aumentos de precios o cambios en las condiciones de financiamiento. Si el Estado no puede cambiar de proveedor sin interrumpir el servicio, la dependencia debe haber sido identificada y justificada desde el inicio.

La pregunta crucial es si estamos dispuestos a declarar un contrato como estratégico, con la debida motivación y control. Si no lo hacemos, la burocracia defensiva habrá triunfado, protegiendo a todos menos al interés público.