El Consejo Nacional de la Magistratura Designa Nuevos Jueces para la Suprema Corte de Justicia
La inamovilidad en el ejercicio del cargo es una garantía esencial del sistema judicial dominicano.
Los dieciséis magistrados seleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura para el período 2026-2028 no podrán ser removidos, suspendidos o trasladados por ningún poder del Estado, salvo en casos de faltas graves o inconducta notoria, conforme a la Constitución y la Ley Orgánica del CNM.
Estos jueces ejercerán sus funciones por un período uniforme de siete años, comenzando en 2026 y concluyendo en 2033. El CNM selecciona la mayoría de sus miembros del sistema de carrera judicial, mientras que el resto proviene de abogados en ejercicio, académicos o miembros del Ministerio Público.
La Constitución garantiza la independencia y la inamovilidad de todos los jueces del Poder Judicial. Sin embargo, en la práctica, esta garantía no siempre se respeta, afectando desde los jueces de la Suprema Corte de Justicia hasta los de paz.
La inamovilidad protege a los jueces mientras ejercen su cargo, pero no implica un nombramiento vitalicio. Respetar esta garantía podría aliviar el cuello de botella en el sistema judicial y evitar la intervención de jueces interinos en grandes expedientes.
Las normas del Poder Judicial y las leyes prevalecen sobre cualquier resolución de la Suprema Corte de Justicia o del CNM, según la Constitución.
Es inconstitucional que fiscales y procuradores, que no dictan sentencias, gocen de inamovilidad. Estos son designados por el Consejo Superior del Ministerio Público por cuatro años, con posibilidad de renovación tras evaluación.
Incluso el defensor del pueblo y sus adjuntos, aunque no dictan sentencias, disfrutan de inamovilidad temporal, siendo nombrados por el Senado por seis años.
Es crucial que el CNM o la nueva Suprema Corte de Justicia restituyan la inamovilidad a los jueces inferiores. Esto permitiría un desempeño eficiente y transparente de sus funciones, conforme a la Constitución y las leyes.
El fortalecimiento institucional no depende de la cantidad de leyes, sino del respeto efectivo a las normas vigentes. Las decisiones judiciales deben basarse en el derecho, no en la política o el populismo.
