Gobierno Dominicano Busca Ajustar Déficit Presupuestario: Un Análisis de la Situación Fiscal
El Gobierno dominicano enfrenta un desafío fiscal significativo al proponer un aumento del déficit previsto para 2026, del 3.24% al 4.2% del PIB. Esta decisión surge en medio de una necesidad urgente de recursos adicionales para cumplir con compromisos financieros.
La administración ha solicitado al Congreso la suspensión temporal de la Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada en 2024, que limita el crecimiento del gasto público. Esta medida busca dar respuesta a circunstancias internacionales que han encarecido combustibles, energía y alimentos, obligando al Estado a proteger a los consumidores mediante subsidios.
El déficit fiscal se produce cuando el gasto del Estado supera sus ingresos. Para 2026, se proyecta un déficit de 365,968 millones de pesos, lo que representa un aumento del 30% respecto a la estimación original. La Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal establece que el gasto primario no debe crecer más allá de la inflación proyectada más tres puntos porcentuales, salvo excepciones.
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defiende que las condiciones extraordinarias justifican el gasto adicional. Sin embargo, la oposición critica la rapidez del trámite y atribuye el desequilibrio a una gestión ineficiente de las finanzas públicas.
Un estudio reciente del economista Andrés Dauhajre, hijo, estima que 553,446 millones de pesos se destinan a subsidios y obligaciones del Estado, representando el 32% del gasto en la nueva propuesta presupuestaria. Este análisis destaca la necesidad de reformas profundas para abordar los compromisos fiscales del país.
La propuesta presupuestaria proyecta ingresos de 1,352 billones de pesos y gastos de 1,718 billones, con un déficit de aproximadamente 366,000 millones. El Gobierno planea financiar más del 60% de este déficit con recursos acumulados, reduciendo la necesidad de nuevos préstamos.
El Congreso debe evaluar si se cumplen las condiciones legales para autorizar la excepción a la regla fiscal y garantizar que el Gobierno retome la disciplina fiscal. La cuestión central es entender por qué una ley diseñada para controlar el gasto ha sido suspendida tan pronto y cómo evitar que esta excepción se convierta en norma.
