Empresarios buscan delegar a Trabajo autorización para contratar más extranjeros

Más de 49 asociaciones y 53 compañías que forman parte del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) han presentado una solicitud al Senado para transferir la autorización de contratación de empleados extranjeros desde la Presidencia de la República al Ministerio de Trabajo. Esta propuesta tiene como objetivo agilizar el proceso, según lo expresado por el presidente del CONEP, Celso Marranzini, y la presidenta de Copardom, Laura Izquierdo.

El Congreso Nacional ha recibido una carta en la que se expresa la necesidad de transferir la atribución de autorizar la contratación de empleados extranjeros al Ministerio de Trabajo, en lugar de que esta responsabilidad recaiga en la Presidencia de la República, como ocurre actualmente. Esta medida busca simplificar y acelerar el proceso, según lo consideran los representantes del CONEP y Copardom.

En el marco de la legislación laboral, el artículo 135 establece que las empresas deben mantener un porcentaje de empleados dominicanos y extranjeros, con un 80% para los primeros y un 20% para los segundos. Sin embargo, el artículo 145 permite al Poder Ejecutivo otorgar permisos a industrias agrícolas para contratar extranjeros en caso de desequilibrio en esta proporción, un aspecto que los empresarios desean modificar.

Esta solicitud surge en un contexto en el que la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y el sector de la construcción han expresado la necesidad de un nuevo plan de regularización de indocumentados en el país. Estas asociaciones argumentan que las deportaciones masivas realizadas por el Gobierno desde octubre pasado han afectado a los sectores productivos, quienes requieren mano de obra extranjera. Sin embargo, esta perspectiva aún no ha sido aceptada por el Gobierno del presidente Luis Abinader.

El CONEP y Copardom han enfatizado la importancia de discutir de manera objetiva y fundamentada el modelo de cesantía en el sistema laboral dominicano, con el fin de adaptarlo a las necesidades actuales y futuras, reduciendo la informalidad laboral y las cargas económicas.

Estos colectivos empresariales han presentado propuestas que buscan respetar los derechos de los trabajadores y modernizar el sistema laboral. Entre estas propuestas se incluye establecer un límite de 10 salarios mínimos para el cálculo de prestaciones, así como reducir a seis años el pago por despido equivalente a 23 días de salario ordinario por año trabajado. La discusión sigue abierta en busca de soluciones que beneficien tanto a empleadores como a empleados.