La jueza de EE. UU. impide el cierre del programa de reunificación familiar

La jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha comentado recientemente sobre la captura de sospechosos vinculados al tiroteo contra un agente de Aduanas y Protección Fronteriza en julio de 2025. Por otro lado, la jueza federal de EE. UU., Indira Talwani, tiene la intención de bloquear temporalmente la finalización de un programa que brinda protección legal a más de 10,000 familiares de ciudadanos y residentes permanentes. Esta situación se enmarca en un plan más extenso del gobierno estadounidense para poner fin a protecciones legales temporales para diversos grupos.

La jueza federal del Distrito Indira Talwani ha anunciado que planea emitir una orden de restricción temporal respecto al plan del gobierno de Donald Trump de dar por finalizado un programa que otorgaba protecciones legales temporales a más de 10,000 familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.

Esta decisión se suma a un panorama más amplio en el que el gobierno de EE. UU. busca concluir con la protección legal temporal para varios grupos. Recientemente, otro juez dictaminó que cientos de personas provenientes de Sudán del Sur pueden vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

El caso en cuestión involucra el programa de Permisos de Reunificación Familiar (FRP por sus siglas en inglés), afectando a individuos de diversos países como Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. La mayoría de ellos perderán sus protecciones legales, implementadas durante la administración anterior, para mediados de enero. El Departamento de Seguridad Nacional revocó estas protecciones a finales del año pasado.

El caso cuenta con cinco demandantes, pero los abogados buscan que cualquier resolución beneficie a todos los participantes del programa. Los demandantes expresaron en su moción que, a pesar de tener un estatus temporal, llegaron a Estados Unidos con la intención de iniciar una nueva vida, generalmente trayendo a sus familiares directos, obteniendo permisos de trabajo, trabajos y matriculando a sus hijos en la escuela.

Por su parte, el gobierno argumenta que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tiene la autoridad para poner fin a cualquier programa de permisos de entrada, alegando que notificó adecuadamente la terminación en el registro federal. Además, se justifica la finalización del programa en razones de seguridad nacional, indicando que las personas no fueron debidamente investigadas y que los recursos podrían utilizarse de manera más efectiva en otros programas de inmigración.

Si bien Talwani reconoce la facultad del gobierno para finalizar el programa, ha planteado cuestionamientos sobre el proceso utilizado y la equidad en la decisión. La situación sigue en desarrollo y genera incertidumbre para miles de individuos afectados por esta medida.