Supuestos crímenes de lesa humanidad en El Salvador: Revelaciones Impactantes

Un grupo de juristas internacionales ha presentado un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusando al gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, de cometer crímenes de lesa humanidad en un régimen de excepción destinado a combatir las pandillas en el país.

El informe expone que desde marzo de 2022 se han registrado casos de encarcelamiento arbitrario, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones y persecución como prácticas sistemáticas en este régimen. Entre los datos impactantes presentados se destacan 540 casos de desapariciones forzadas y 403 muertes en cárceles, incluyendo menores, hasta febrero de 2025.

El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) ha señalado que no solo el Estado salvadoreño, sino también personas físicas de manera individual, podrían tener responsabilidad internacional por estas graves violaciones, según los principios del derecho penal internacional.

La oficina de prensa de Casa Presidencial fue consultada por The Associated Press sobre el informe, pero indicó que no tenía comentarios al respecto. A pesar de las denuncias, el gobierno salvadoreño ha negado previamente las acusaciones de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la lucha contra las pandillas, como torturas, detenciones arbitrarias y muertes de detenidos bajo custodia estatal.

El vicepresidente Felix Ulloa ha calificado como una “leyenda” la relación entre las muertes en las cárceles y el régimen de excepción. El gobierno destaca la disminución histórica de los índices de homicidios en El Salvador, que solía ser considerado uno de los países más violentos del mundo.

El informe del GIPES detalla actos de tortura, tratos crueles e inhumanos, violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos generalizados y sistemáticos. Se documentaron golpizas, descargas eléctricas, desnudez forzada, violencia psicológica y la falta de acceso a alimentos, agua, salud y ventilación.

Además, se menciona que el gobierno ha empleado campañas para neutralizar a actores del espacio cívico, como periodistas y organizaciones de derechos humanos, tildándolos de “enemigos del progreso” o “traidores”. Se han utilizado herramientas de vigilancia física y digital para criminalizar el escrutinio ciudadano.

Este informe insta a la comunidad internacional a tomar medidas para abordar estas violaciones de derechos humanos en El Salvador y garantizar la protección de la población vulnerable en el país.