Sentencia de reparación para familiares de 41 niñas fallecidas en incendio: Tribunal guatemalteco decide
En Ciudad de Guatemala, Carmen Urías, madre de una niña fallecida en el incendio del refugio estatal en 2017, reaccionó tras conocer la sentencia del caso el 12 de agosto de 2025. La audiencia en vivo recordó la tragedia en la que murieron 41 niñas y adolescentes, y 15 sobrevivieron con heridas graves. Se detallaron torturas y negligencia por parte de la Secretaría de Bienestar Social durante el gobierno de Jimmy Morales. La jueza destacó la negligencia de Lucinda Marroquín y señaló a Carlos Rodas Mejía por permitir que la Policía Nacional Civil mantuviera a las menores bajo llave. La comunidad internacional se conmocionó nuevamente ante estos hechos.
En la Ciudad de Guatemala, Carmen Urías, madre de una niña fallecida en el trágico incendio del refugio estatal en 2017, reaccionó con emoción al conocer la sentencia del caso el 12 de agosto de 2025. La audiencia transmitida en vivo conmovió a todos al recordar la terrible tragedia en la que 41 niñas y adolescentes perdieron la vida, mientras 15 sobrevivieron con heridas graves.
Los detalles que surgieron durante la audiencia revelaron torturas y negligencias cometidas por la Secretaría de Bienestar Social bajo el gobierno de Jimmy Morales. La jueza señaló la negligencia de Lucinda Marroquín y culpó a Carlos Rodas Mejía por permitir que la Policía Nacional Civil mantuviera a las menores bajo llave, despertando la indignación internacional una vez más.
Los implicados enfrentaron la justicia con duras condenas, como Santos Torres y Carlos Rodas Mejía con 20 años de prisión cada uno, Brenda Chamán con 12 años, Gloria Castro y Luis Pérez Borja con 6 años respectivamente. Lucinda Marroquín, cuya condena no fue especificada en los informes, también fue señalada.
En un giro inesperado, Harold Flores de la Procuraduría General de la Nación fue absuelto de los delitos que se le imputaban, marcando un momento crucial en el caso. Durante las audiencias, se escucharon relatos desgarradores sobre el trato inhumano que recibían las menores, incluyendo el uso de somníferos en su comida para mantenerlas “tranquilas”.
Los exámenes toxicológicos realizados a las niñas fallecidas confirmaron la presencia de drogas potentes en sus cuerpos, sugiriendo un trato despiadado e inhumano. Este caso establece un precedente crucial sobre la responsabilidad de los hogares estatales y la protección de los menores vulnerables, mostrando que las instituciones deben ser juzgadas si no cumplen con el cuidado y la seguridad de la niñez y adolescencia.
La audiencia para la sentencia de reparación de daños a las familias afectadas está programada para el viernes 15 de agosto, un paso más hacia la justicia y el cierre para aquellos que sufrieron por esta terrible tragedia.
