Desburocratización del Ministerio Público por el Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia de la República Dominicana tiene una historia que se remonta a la Constitución de 1844. Antes conocido como Secretaría de Estado de Justicia e Instrucción Pública, fue eliminado en 1964, trasladando sus responsabilidades al Procurador General de la República. A lo largo del tiempo, el Ministerio Público ha asumido más tareas, alejándose de su función principal de dirigir investigaciones penales y ejercer acciones penales.

La creación del Ministerio de Justicia, anteriormente la Secretaría de Estado de Justicia e Instrucción Pública, se remonta a la fundación del Estado dominicano con la Constitución de 1844. A pesar de algunos altibajos, la Secretaría formó parte del Estado hasta su supresión en 1964, transfiriendo sus responsabilidades al Procurador General de la República.

Con el tiempo, la sobrecarga de funciones administrativas ha desviado al Ministerio Público de su rol principal. La importancia de dirigir investigaciones penales y ejercer acciones penales se ha visto opacada por la acumulación de responsabilidades administrativas.

Tras 61 años desde la eliminación de la Secretaría de Justicia, en 2025 se creó el Ministerio de Justicia mediante la Ley Núm. 80-25. Este ministerio se estableció con el propósito de planificar, dirigir, coordinar y ejecutar las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo en la lucha contra la criminalidad.

El Ministerio de Justicia asumirá la política penitenciaria del Estado, la tramitación de expedientes de exequátur, y funciones relacionadas con abogados y notarios públicos, entre otras responsabilidades. También gestionará el registro de organizaciones sin fines de lucro y representará al Estado en diversas instancias judiciales y foros alternativos de resolución de conflictos.

El ministerio estará compuesto por seis viceministerios especializados en áreas como atención al sistema de justicia, representación judicial y extrajudicial, derechos humanos, políticas contra la criminalidad, políticas penitenciarias, asuntos registrales, y más.