El impacto de la extorsión y el chantaje digital en el periodismo dominicano
El periodismo dominicano enfrenta una doble amenaza en el entorno digital. El periodista Miguel Franjul de la SIP advirtió sobre el intento de control legal de contenidos en redes sociales a través del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) y el uso de estos espacios para extorsión y chantaje. El informe fue presentado en la Asamblea General de la SIP en Punta Cana, destacando la preocupación por dos iniciativas legislativas que podrían convertirse en herramientas de control en lugar de modernizar el marco legal.
El periodismo en la República Dominicana se encuentra en una encrucijada digital con desafíos que van más allá de la simple difusión de noticias. En un informe presentado por el periodista Miguel Franjul en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Punta Cana, se alertó sobre dos amenazas que acechan a la libertad de prensa en el país caribeño.
Franjul advirtió sobre la propuesta del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), un ente regulatorio que busca supervisar y controlar los contenidos en redes sociales y plataformas digitales. Esta iniciativa ha generado controversia, ya que, aunque se argumenta que protege la dignidad y privacidad sin censura previa, existe el temor de que pueda ser utilizado para ejercer censura gubernamental.
Otro punto de preocupación es una propuesta legislativa que penaliza cualquier expresión que incite a la hostilidad o discriminación. Aunque su intención pueda ser loable, la ambigüedad en su redacción plantea riesgos de ser utilizada de forma arbitraria para silenciar la crítica legítima y el periodismo de investigación dirigido a figuras públicas.
El informe de Franjul también destacó un incidente de censura extranjera que afectó al diario Listín Diario, uno de los medios más antiguos del país. En este caso, el periódico recibió un ultimátum para eliminar una noticia sobre corrupción bajo amenaza de suspensión de servicios digitales por parte de una empresa estadounidense. Ante esta violación a la libertad de expresión, el medio decidió cancelar el contrato, subrayando la vulnerabilidad de los medios ante presiones externas y la importancia de contar con mecanismos legales de protección.
Además de estas amenazas legales, el informe también documentó la persistencia de incidentes que limitan el trabajo de los periodistas en el campo y restringen el acceso a la información, incluyendo agresiones por parte de escoltas de funcionarios gubernamentales. Estos hechos ponen de manifiesto los desafíos a los que se enfrenta el periodismo en la era digital y la importancia de salvaguardar la libertad de prensa en un entorno cada vez más complejo y hostil.
