El proyecto de ley de libertad de expresión y medios audiovisuales es calificado como garantista por FINJUS

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha respaldado con entusiasmo el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, considerándolo una actualización esencial del marco normativo del país. Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, elogió la propuesta por su coherencia, modernidad y respeto a los principios democráticos, resaltando la importancia de abordar el tema de las plataformas digitales y la implementación de un marco regulatorio para proteger los derechos fundamentales de los usuarios.

El respaldo de FINJUS al Proyecto de Ley es un paso significativo hacia la modernización del marco normativo del país, alineándolo con los desafíos del siglo XXI. Castaños Guzmán destacó que la propuesta es integral y garantista, enfocada en proteger la libertad de expresión y prevenir abusos y campañas de desinformación en entornos digitales.

Uno de los puntos clave enfatizados por FINJUS es el abordaje de las plataformas digitales como X, Instagram y Facebook, destacando la importancia de establecer reglas claras para proteger a los usuarios. La transparencia y el debido proceso son aspectos esenciales que la fundación considera cruciales para garantizar la defensa de los derechos de los usuarios.

La creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM) como reemplazo de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) ha sido resaltada como uno de los mayores aportes del Proyecto de Ley. Este cambio representa una apuesta por una regulación más moderna y acorde con los desafíos actuales, migrando de un modelo de control a uno de garantía y cumplimiento normativo.

El robusto marco de garantías judiciales del proyecto ha sido destacado por FINJUS, especialmente la figura de la desindexación digital que solo podrá proceder mediante orden judicial, evitando así la censura discrecional. La fundación concluye que el Proyecto de Ley es un paso significativo que sitúa a la legislación dominicana en línea con estándares internacionales, promoviendo una libertad de expresión responsable y protegida.