Encrucijadas de la Reforma de la Seguridad Social en República Dominicana

Encrucijadas de la Reforma de la Seguridad Social en República Dominicana

La propuesta de reforma a la Ley 87-01 de Seguridad Social en la República Dominicana ha suscitado un intenso debate sobre los objetivos que realmente persigue el gobierno con esta iniciativa. En el centro de la discusión se encuentran medidas como el aumento de la edad de jubilación y el incremento de las cotizaciones de los trabajadores, acciones que algunos consideran más favorables a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que a la población laboral.

El sistema de pensiones actual, basado en la capitalización individual, no ha logrado asegurar ingresos adecuados para los jubilados. Aunque las AFP han reportado una rentabilidad del 8%, este desempeño no se ha reflejado en beneficios significativos para los pensionados, quienes reciben montos que van desde 5,000 hasta 20,000 pesos mensuales, dependiendo del tipo de pensión. Estudios de la Unión Europea han señalado que apenas se alcanza un 22% del salario para quienes cotizan durante 30 años, un objetivo que, dadas las condiciones del mercado laboral dominicano, es inalcanzable para la mayoría.

El panorama se complica aún más con el requisito de 30 años de cotización para acceder a una pensión. Según el Banco Mundial, solo el 16% de los trabajadores ha completado el período de cotización, mientras que el 50% ha cumplido menos de la mitad de lo necesario. Esta realidad se agrava por las frecuentes interrupciones en las cotizaciones debido a despidos, dejando a muchos trabajadores fuera del sistema por años.

Por otro lado, el sistema de salud enfrenta sus propios retos, con una cobertura limitada que obliga a los pacientes a asumir gastos elevados. La reforma debe enfocar sus esfuerzos en mejorar el acceso y la equidad del sistema, priorizando las necesidades de las personas sobre los intereses financieros. Se sugiere un cambio hacia un sistema mixto de pensiones que garantice beneficios definidos y un refuerzo del sistema público de salud para asegurar una cobertura completa de medicamentos y procedimientos basados en evidencias científicas.

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