Improvisación Energética

En la República Dominicana, recientemente se ha emitido el Decreto 517-25 con el objetivo de hacer frente a la escasez de energía eléctrica en el país. Esta medida ha generado cierta controversia debido a las posibles implicaciones que podría tener en las adquisiciones realizadas por las distribuidoras de energía, lo que podría resultar en costos adicionales y falta de transparencia en la gestión de fondos públicos.

La electricidad es un servicio esencial para la estabilidad económica y la calidad de vida de los dominicanos. Por lo tanto, es crucial que las decisiones en este ámbito se tomen de forma planificada y a largo plazo. Sin embargo, el Decreto 517-25, aunque busca evitar una crisis energética, parece más una respuesta urgente que parte de una estrategia bien pensada.

Aunque las medidas propuestas, como contratar nueva generación térmica, instalar baterías y autorizar compras de emergencia, puedan parecer adecuadas para abordar la situación actual, su implementación plantea desafíos. La posibilidad de que las distribuidoras realicen compras de manera discrecional bajo la figura de emergencia es un punto que genera preocupación, ya que podría conducir a sobrecostos y falta de controles efectivos en el uso de fondos públicos.

Otro aspecto que ha generado debate es la inclusión de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) como suplidora de generación térmica, lo cual plantea dudas sobre la coherencia en la definición de roles dentro del sector energético.

Además, desde el punto de vista financiero, persistir en soluciones costosas y compras de emergencia podría aumentar la carga fiscal, desviando recursos esenciales de áreas como educación, salud e infraestructura. Esto plantea una preocupación sobre la sostenibilidad a largo plazo de estas medidas.

En última instancia, el decreto podría representar una oportunidad desaprovechada para avanzar hacia una transición energética más sostenible. Al no priorizar de manera clara las energías renovables, se corre el riesgo de depender de soluciones temporales que no fortalecen la resiliencia del sistema energético del país.

Es fundamental que la República Dominicana comprenda la importancia de establecer una política energética coherente y estable que promueva la eficiencia, diversificación y sostenibilidad. De lo contrario, el país podría quedar atrapado en un ciclo constante de decretos de emergencia, inversiones costosas y una carga fiscal que recae en la población.