La Corte Anula Apelaciones en Caso Jet Set por Acuerdos con Propietarios

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha revocado los recursos de apelación presentados por dos querellantes en el caso de la discoteca Jet Set. Luis María Delgado Araujo y Rossi Milanés Feliz Medina llegaron a un acuerdo con los propietarios de la discoteca, Antonio y Maribel Espaillat, donde Delgado Araujo renunció a cualquier reclamo. El acuerdo fue firmado el 22 de agosto y formalizado por sus abogados, Anyelo Starling Hernández y Pedro Ismael Cordero Familia.

En una decisión reciente, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó sin efecto los recursos de apelación presentados por dos querellantes en el caso de la discoteca Jet Set. Esta determinación se produjo luego de que Luis María Delgado Araujo y Rossi Milanés Feliz Medina alcanzaran un acuerdo con los propietarios de la discoteca, Antonio y Maribel Espaillat.

En dicho acuerdo, firmado el pasado 22 de agosto, Delgado Araujo renunció a cualquier derecho, acción, reclamo o indemnización. El documento fue formalizado por sus abogados, Anyelo Starling Hernández y Pedro Ismael Cordero Familia, quienes fueron autorizados a representar a la menor de edad Arlene Valenzuela Delgado.

Es importante mencionar que la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación también desestimó recientemente los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y varios querellantes que buscaban la imposición de prisión preventiva a los dos imputados por la tragedia en la discoteca Jet Set.

La tragedia, que tuvo lugar el 8 de abril de este año, provocó la muerte de 235 personas y dejó más de 80 heridos tras un derrumbe en la discoteca. Rubby Pérez estaba amenizando la tradicional fiesta de los lunes cuando ocurrió el incidente.

Los querellantes han anunciado su intención de reclamar indemnizaciones significativas ante los tribunales, incluyendo demandas contra el Estado dominicano y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Alegan un presunto incumplimiento de obligaciones legales en materia de seguridad y supervisión del establecimiento.