La Suprema Corte ratifica indemnización para el periodista Nicasio Ramírez del Indrhi

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha tomado una decisión trascendental al declarar inadmisible el recurso de casación presentado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) contra la obligación de indemnizar al periodista Nicasio Ramírez Correa. Este caso ha generado intensos debates en torno a la exclusión de Ramírez de la nómina pública por supuesta duplicidad de salarios.

La sentencia emitida el 24 de noviembre de 2025 no solo reafirmó los límites económicos establecidos en la Ley 2-23, sino que también sentó un precedente en cuanto a la compensación que el INDRHI deberá otorgar a Ramírez Correa, ascendiendo a RD$614,172.07 tras su despido en junio de 2024.

El periodista, conocido como Arsenio Ramírez, se vio envuelto en una controversia que lo llevó a los tribunales en busca de justicia. La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo fue clara al ordenar al INDRHI el pago de una indemnización que incluye años de servicio, vacaciones no disfrutadas, salario de Navidad proporcional y salarios retenidos.

A pesar de la inconformidad mostrada por el INDRHI, representado por su director Olmedo Caba Romano, la Suprema Corte se basó en una barrera procesal para no admitir el recurso de casación: la cuantía económica. Según la Ley 2-23, solo se admite un recurso de casación si el monto en disputa supera los 50 salarios mínimos del sector privado, lo que en este caso no se cumplía.

Los magistrados encargados del caso, liderados por Manuel Alexis Read Ortiz, establecieron claramente que el umbral económico no se alcanzaba en este caso específico, impidiendo así el análisis de los méritos planteados por el INDRHI.

Este veredicto no solo resuelve un caso particular, sino que también resalta la importancia de respetar los límites legales y económicos establecidos en la ley para acceder a la justicia. La historia de Nicasio Ramírez Correa, luchando por sus derechos, nos recuerda la relevancia de la transparencia y la equidad en todas las instancias judiciales.