Las AFP y el desafío de la inversión responsable
En nuestro análisis previo, mencionamos cómo las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han absorbido RD$126,489 millones en ganancias y costos operativos, todo a expensas de los aportes de los trabajadores al sistema de seguridad social, resultando en pensiones que apenas cubren lo esencial.
Este gasto se traduce en un elevado costo social, cifra que podría financiar múltiples servicios públicos. Por ejemplo, equivale a 31 veces el presupuesto del sistema de emergencias 911, al doble de lo destinado al Servicio Nacional de Salud y al Seguro Nacional de Salud. Con tal cantidad, podría sostenerse más de 2,100 pensiones solidarias para adultos mayores durante una década.
Una preocupación adicional es el destino de estas inversiones. Las AFP dedican el 57% de sus fondos a bonos del Ministerio de Hacienda y un 7.9% a instrumentos del Banco Central, sumando un 64.9% del total. Esta estrategia parece depender de un Estado crónicamente desfinanciado que, en lugar de optimizar impuestos, termina pagando con los mismos fondos de los cotizantes.
El restante 35% de los recursos se invierte en bancos y entidades del mismo grupo financiero de las AFP, así como en sectores privilegiados con beneficios impositivos como turismo, hotelería y generación eléctrica, entre otros. Esto se traduce en inversiones millonarias en proyectos privados, mientras que las necesidades básicas de los ciudadanos quedan desatendidas.
La Ley 87-01 reclama que las AFP prioricen inversiones que fomenten el empleo, vivienda y desarrollo industrial y agrícola. Sin embargo, la práctica actual parece más orientada a maximizar beneficios corporativos, dejando a los cotizantes sin la seguridad social prometida.
