Ley 83-24 y su impacto en las obras públicas dominicanas
El inicio del mandato de Luis Abinader trajo consigo desafíos significativos en el Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE), donde las cubicaciones finales pendientes de pago excedían el 25 % del presupuesto original contratado. Esta situación se rige por el artículo 31, numeral 2, de la Ley 340-06, promulgada en agosto de 2006.
Luis Abinader se refirió a esta situación como un “nudo legal”, debido a la problemática de pagos pendientes a los contratistas. Para abordar esta cuestión, se promulgó la Ley 118-21 el 1 de junio de 2021, cuya vigencia se extendía hasta finales de 2024.
Sin embargo, ante la necesidad de resolver los problemas persistentes en proyectos gubernamentales, se aprobó la Ley 83-24 el 17 de diciembre de 2024. Esta ley modifica varios artículos de la normativa anterior, permitiendo la continuación de las obras que exceden el 25 % del presupuesto inicial o que están paralizadas por falta de financiamiento.
A pesar de sus intenciones, la Ley 83-24 no contempla a todas las entidades gubernamentales, dejando fuera a instituciones como Inapa, Indrhi, y varios ministerios. Esto ha generado críticas por violar el derecho a la igualdad, según el artículo 39 de la Constitución. Los contratistas afectados por esta exclusión tienen el recurso de interponer una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo.
