Manifestación ciudadana frente a la Procuraduría por justicia en el caso Senasa

Un grupo de ciudadanos se unió frente a la Procuraduría General de la República para exigir justicia por el escandaloso desfalco de más de RD$15,000 millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La corrupción administrativa ha dejado a miles de dominicanos sin acceso a servicios de salud, generando una ola de indignación en la sociedad.

Las emociones estaban a flor de piel cuando los ciudadanos se plantaron firmes, proclamando que la salud del pueblo es un derecho humano inalienable. La manifestación fue un grito colectivo en busca de justicia, liderado por Gregorio Moya, quien enfatizó que los responsables deben enfrentar las consecuencias sin medias tintas.

A pesar de que algunos implicados en el caso Senasa han sido enviados a prisión preventiva y otros a arresto domiciliario, Moya insiste en que no debe haber clemencia. Todos los involucrados deben pagar por sus actos, devolver el dinero robado y recibir sanciones económicas, dejando claro que la corrupción no trae beneficios.

La coalición por la Seguridad Social Digna se sumó a la protesta, exigiendo una investigación exhaustiva que llegue hasta el fondo del asunto. Se señala a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) como parte del problema, evidenciando una falta de supervisión que permitió estas irregularidades.

Los manifestantes denuncian un caso vergonzoso de malversación de fondos públicos en beneficio de intereses privados y clientelismo político, ignorando por completo a la población afectada. Además, se espera una investigación a fondo sobre el SeNaSa 2.0, que involucraría a funcionarios y otros actores.

Rosalina Núñez, entre la multitud, exige justicia sin concesiones ni impunidad, tanto para el caso Senasa como para el Senasa 2.0. La lucha continúa para que aquellos responsables rindan cuentas y se reformule el sistema de seguridad social en beneficio de todos. La procuradora Yeni Berenice recibió un documento formal con estas demandas, mientras la ciudadanía es convocada a exigir sanciones en el sistema de salud y en otros casos de corrupción.