Orden de citación para la madre de Antonio Espaillat, prueba de ADN y Obras Públicas en el caso Jet Set

El juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha tomado una decisión crucial en el caso de la discoteca Jet Set Club, donde una tragedia conmovió a todos al colapsar el techo y cobrar la vida de 236 personas, dejando heridas a más de un centenar. En un giro inesperado, la madre de Antonio Espaillat, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas se han unido al proceso legal.

La audiencia preliminar ha sido pospuesta para dar cabida a estos nuevos actores en el caso. El juez ha instruido que la señora Ana Grecia López, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas sean notificados formalmente y citados para el 6 de abril, fecha en la que deberán responder por su presunta responsabilidad civil en esta tragedia que ha conmocionado a todo el país.

Durante el proceso, se ha revelado que la madre de los hermanos Espaillat, de 85 años y con Alzheimer, actualmente reside en Florida, Estados Unidos. El abogado de la familia ha facilitado la dirección correspondiente para garantizar que las notificaciones internacionales se realicen de acuerdo con la ley.

El juez Mejía ha demostrado su compromiso con la transparencia y la celeridad del proceso al anunciar que las sesiones se llevarán a cabo los lunes y viernes para evitar retrasos burocráticos. Además, ha solicitado transmitir la audiencia preliminar en vivo para que la sociedad tenga acceso a la información de primera mano.

La cantidad de implicados en este caso ha generado complejidades en el proceso, pero el juez ha dejado claro que no permitirá que se convierta en un laberinto sin salida. Se ha comprometido a avanzar y garantizar que todas las partes presenten sus argumentos en el estrado.

En esta nueva etapa, se han sumado cinco nuevos querellantes que han acusado a los hermanos Espaillat de diversos delitos, entre ellos homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias. La magnitud de este caso exige un proceso judicial riguroso y transparente para lograr justicia para las víctimas y sus familias.