Presos con esquizofrenia: una realidad que requiere atención

Expertos reunidos en un foro internacional recientemente analizaron un tema sumamente relevante: la salud mental de las personas privadas de libertad. Este encuentro puso de relieve la urgencia de implementar sistemas de atención mental para este grupo vulnerable.

Según el legislador Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, el 90% de las personas privadas de libertad desarrollan condiciones mentales debido a su encierro, con un alarmante 57% que padece esquizofrenia. Estas cifras son un llamado de atención sobre la importancia de abordar la salud mental en entornos penitenciarios.

El gobierno ha tomado cartas en el asunto invirtiendo en la construcción de 26 centros especializados en salud mental en hospitales públicos. Se prevé que 10 de estos centros sean licitados el próximo año, y se proyecta la construcción de 26 instalaciones más para el año 2028.

Durante el foro, diversos expertos compartieron sus perspectivas. Roberto Santana, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, señaló la crisis que enfrenta el sistema penitenciario desde 2016. Destacó la urgencia de reformar el sistema, trasladando los centros penitenciarios de las instalaciones militares a lugares más adecuados para la rehabilitación de los privados de libertad.

José Manuel Arias, juez de la ejecución de la pena, resaltó la necesidad de programas y políticas que aborden las enfermedades mentales en la población penitenciaria. Con más de 400 casos diagnosticados, es evidente que se requiere una atención urgente y especializada para combatir el estrés y la depresión derivados de la privación de libertad.

En la actualidad, de los 41 centros penitenciarios del país, alrededor de 436 reclusos sufren trastornos mentales, de los cuales 125 reciben tratamiento en los cinco pabellones disponibles para este fin. Estos espacios se encuentran en diferentes cárceles del país, brindando atención a quienes más lo necesitan.

La creación de un centro psiquiátrico especializado para personas con trastornos mentales fue propuesta por Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Esta iniciativa busca prevenir crímenes que puedan ser cometidos por individuos con problemas mentales, ofreciendo un enfoque más humano y efectivo en la rehabilitación de esta población vulnerable.