Proyecto de Cédula de Identidad y Electoral

El proyecto de cambio de cédula de identidad y electoral presentado al presidente Luis Abinader Corona ha generado controversia al no dar prioridad al voto domiciliario y la actualización de la identificación al cambiar el estado civil. La falta de regulación y actualización del domicilio real de los votantes ha sido señalada como una de las causas de la alta abstención electoral, permitiendo que estos sean trasladados en autobuses por partidos políticos para votar cerca de su recinto electoral. En la Junta Electoral, se encuentran inscritos aproximadamente 8.8 millones de votantes.

El proyecto en cuestión ha sido calificado como un fraude al no abordar de manera prioritaria el voto domiciliario y la actualización de la identificación al cambiar el estado civil. Durante las elecciones pasadas, la alta abstención electoral fue resultado de la manipulación de actores políticos y electorales que impidieron a los votantes regularizar y actualizar su domicilio real, condicionando su capacidad de votar cerca de su recinto electoral.

Más de tres mil autobuses son utilizados por partidos políticos para trasladar a empleados públicos y ciudadanos cuya dirección domiciliaria y marbete no están regularizados, con fines electorales, lo que les convierte en infractores de la ley. A pesar de ello, son incentivados por los partidos con dinero y otras comodidades para ejercer su voto.

De los 8.8 millones de votantes inscritos en la Junta Electoral durante más de quince años, más de la mitad no han actualizado su información. La falta de voto domiciliario ha llevado a que menos de cuatro millones de personas ejerzan su derecho a votar. La ausencia de sanciones por parte de la Junta Central Electoral a los ciudadanos que no actualizan sus domicilios y la falta de control sobre los empleados públicos que no actualizan su información agravan la situación.

El descontrol en la actualización de los marbetes contribuye a un aumento de la delincuencia y a la presencia de motoristas con domicilios no regulados, generando un ambiente de anarquía en el país. Es fundamental que el Ministerio de Administración Pública imponga sanciones y prohíba a los empleados públicos de la capital no regularizar sus cédulas con su verdadero domicilio antes de las elecciones de mayo de 2028.

Los partidos políticos deben exigir a la Junta Central Electoral medidas que eviten el traslado masivo de votantes infractores de la ley durante las elecciones generales. La aceptación de candidaturas de senadores y diputados en provincias y municipios donde no residen desde hace más de diez años es otro ejemplo de la falta de control y regulación en el sistema electoral.