Proyecto para eliminar el ultraje del nuevo Código Penal
La Cámara de Diputados recibió la modificación del Presupuesto de 2025. En el nuevo Código Penal, se añadieron más de 70 tipificaciones delictivas el 3 de agosto para modernizar el sistema judicial vigente desde 1884. Sin embargo, algunos legisladores han identificado acciones punitivas que requieren revisión antes de entrar en vigor en los próximos 12 meses. El diputado Ramón Raposo presentó una propuesta para eliminar los artículos 310 y 311 de la Ley Orgánica 74-25, que castigan el ultraje, considerado como pronunciar palabras, amenazas, enviar escritos o hacer gestos contrarios a la dignidad personal y funciones públicas.
La Cámara de Diputados ha sido el escenario de un importante acontecimiento reciente: la recepción de la modificación del Presupuesto de 2025. Esta actualización llega en un momento clave, ya que el nuevo Código Penal, que fue promulgado el 3 de agosto, ha traído consigo más de 70 nuevas tipificaciones delictivas. Esta acción tiene como objetivo principal modernizar el sistema judicial, el cual ha estado en vigor desde 1884.
No obstante, a pesar de los esfuerzos por actualizar y fortalecer el marco legal, varios legisladores han señalado la necesidad de revisar cuidadosamente algunas acciones punitivas contempladas en las nuevas disposiciones antes de que entren en vigor en los próximos 12 meses.
Uno de los aspectos que ha generado debate es la propuesta presentada por el diputado Ramón Raposo, quien aboga por la eliminación de los artículos 310 y 311 de la Ley Orgánica 74-25. Estos artículos penalizan el ultraje, definido como la pronunciación de palabras, amenazas, envío de escritos o gestos que atenten contra la dignidad personal y funciones públicas.
Raposo, en su propuesta de modificación, hace hincapié en la importancia de proteger la libertad de expresión en la República Dominicana. Recuerda que el Estado es signatario de la Declaración de Chapultepec, la cual establece que la libertad de expresión y prensa son derechos inalienables del pueblo.
Por otro lado, el diputado Charlie Mariotti también ha expresado su preocupación respecto a la penalización del ultraje, considerándola excesiva y limitante para la sociedad dominicana en su conjunto. Mariotti plantea la necesidad de fomentar la libertad de expresión como un mecanismo para incentivar la eficiencia de los funcionarios gubernamentales.
En este contexto, se evidencia un debate en torno a la rigurosidad de las penas establecidas en el nuevo marco legal, particularmente en aquellas que no ponen en riesgo la vida de las personas. Los legisladores buscan un equilibrio entre la justicia y el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La discusión sobre las modificaciones legales en República Dominicana continuará en el ámbito legislativo, donde se espera que se logre un consenso que garantice tanto la eficacia del sistema judicial como el pleno respeto a los derechos individuales y colectivos de la sociedad.
