Querellantes retiran demanda contra exministro y exigen pago pendiente.

Querellantes retiran demanda contra exministro y exigen pago pendiente.

En la nueva vista del caso Calamar, los abogados de la familia Reyes y otros querellantes retiraron la demanda contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, alegando que las acusaciones del Ministerio Público no beneficiaban a sus representados. Argumentaron que las acciones de Guerrero fueron legales, transparentes y obedecieron órdenes judiciales. Solicitaron la liberación del 20% restante de los pagos ordenados para que los afectados, muchos de ellos ancianos en condiciones precarias, reciban lo que les corresponde.

En la última audiencia del caso Calamar, los abogados de la familia Reyes y otros demandantes tomaron una decisión sorprendente al retirar la demanda contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Argumentaron que las acusaciones presentadas por el Ministerio Público no favorecían a sus representados, afirmando que las acciones de Guerrero fueron legales, transparentes y respaldadas por órdenes judiciales.

Los abogados solicitaron la liberación del 20% restante de los pagos ordenados para que los afectados, muchos de ellos ancianos en condiciones precarias, puedan recibir lo que les corresponde. Patricio Mañón, uno de los abogados, expresó que tras años de espera, es imperativo que sus clientes reciban la compensación justa a la que tienen derecho.

El abogado denunció que mientras las familias afectadas han vivido en la miseria y el miedo, otras personas han sido beneficiadas de manera injusta en el proceso, recibiendo sumas millonarias. La injusticia y la desigualdad en este caso han sido evidentes, dejando a los verdaderos afectados en una situación desfavorable.

Julio César Ventura, otro abogado involucrado en el caso, hizo hincapié en la importancia de garantizar la institucionalidad y el respeto a la Constitución. Destacó que la seguridad jurídica es fundamental para atraer inversiones y mantener la estabilidad económica en el país. Es crucial que se respeten los derechos de propiedad y se cumpla con las obligaciones legales para evitar situaciones de injusticia y sufrimiento para las familias afectadas.

El caso Calamar, que inicialmente se centraba en presuntos actos de corrupción en expropiaciones, ha evolucionado con las demandas de las familias afectadas. La lucha por la justicia y la equidad en este caso continúa, con la esperanza de que se haga valer la ley y se resarza a aquellos que han sido perjudicados.