Residir en Constitución en 2025: ¿Un Derecho, un Privilegio o un Espejismo?
Cada 6 de noviembre conmemoramos la promulgación de nuestra Constitución, un pacto que promete libertad, justicia e igualdad. En el 2025, surge la pregunta de si realmente vivimos según la Constitución o si algunos privilegiados coexisten con otros que aún esperan que se les haga justicia. La Constitución, a pesar de haber sido modificada en numerosas ocasiones, representa un contrato vivo entre generaciones. A menudo, se la utiliza como un escudo retórico en lugar de una brújula ética, repitiendo sus artículos sin exigir su cumplimiento y celebrando su aniversario sin considerar a quienes aún no pueden ejercer sus derechos.
Cada 6 de noviembre conmemoramos la promulgación de nuestra Constitución, un pacto que promete libertad, justicia e igualdad. En el 2025, surge la pregunta de si realmente vivimos según la Constitución o si algunos privilegiados coexisten con otros que aún esperan que se les haga justicia. La Constitución, a pesar de haber sido modificada en numerosas ocasiones, representa un contrato vivo entre generaciones. A menudo, se la utiliza como un escudo retórico en lugar de una brújula ética, repitiendo sus artículos sin exigir su cumplimiento y celebrando su aniversario sin considerar a quienes aún no pueden ejercer sus derechos.
Cada 6 de noviembre conmemoramos la promulgación de nuestra Constitución, ese pacto supremo que prometió libertad, justicia e igualdad. En otras entregas nos hemos referido al concepto de lo que significa “vivir en Constitución”. Pero en el 2025, cuando el mundo avanza a un ritmo que nuestros predecesores jamás habrían imaginado en 1844, cabe preguntarnos: ¿vivimos realmente en Constitución? ¿O algunos viven en privilegio mientras otros aún esperan que el derecho los alcance?
El espejismo del papel
La Constitución, esa obra fundacional escrita con tinta para nada indeleble, ha sido modificada tantas veces que a veces olvidamos su esencia: no es un poema político ni una reliquia en mármol, sino un contrato vivo entre generaciones.
Sin embargo, demasiadas veces la tratamos como un escudo retórico y no como una brújula ética. Repetimos sus artículos sin exigir su cumplimiento, celebramos su aniversario sin mirar a quienes aún no pueden ejercer realmente lo que en teoría les pertenece.
El peligro no es que olvidemos la Constitución, sino que la recitemos de memoria sin sentirla y llevarla en nuestro ADN como dominicanos.
El nuevo rostro de la desigualdad
En el año 2025, la desigualdad ya no se mide sólo por la propiedad o el salario como en otras épocas. Se mide más bien por el acceso a la información, a la conectividad, a la justicia, al tiempo y a la posibilidad real de participar.
Mientras unos usan la Constitución para defender derechos digitales, ambientales o de género, otros siguen luchando por los más básicos: salud, vivienda, educación, trabajo digno.
Y en medio de esto, una generación entera de los llamados nativos digitales, por demás impacientes y con necesidad de acceso inmediato a la información, se pregunta si los derechos son realmente universales o si dependen del lugar donde naciste, del apellido que llevas o del dispositivo que puedes pagar.
Generaciones en diálogo (o en silencio)
Desafortunadamente, nuestros abuelos aprendieron a temer al poder; nosotros crecimos aprendiendo a exigirle. Pero las nuevas generaciones no sólo exigen: crean, cuestionan y reconstruyen.
Para estas, “vivir en Constitución” no es aprender un preámbulo, sino reescribirlo cada día si fuese necesario: desde una protesta ambiental hasta un emprendimiento que busca la tan mencionada como desvirtuada inclusión, tantas veces vaciada de contenido.
Y esa es quizá la mayor señal de esperanza: que las constituciones ya no viven solo en los tribunales, sino también en las redes, en las aulas, en los colectivos, en las redes sociales y hasta en los algoritmos.
La Constitución que necesitamos
Todas estas reflexiones me llevan a pensar que Vivir en Constitución en 2025 es entender que el texto no se agota en la letra, sino que se realiza en la práctica. Es reconocer que el derecho a la igualdad no se mide por lo que promete el artículo 39 de nuestra Carta Magna, sino por lo que ocurre en las calles, en los hospitales, en las escuelas, en las entidades públicas, y en cada rincón donde se forja el verdadero tejido social.
