Ritchie Torres impulsa protección contra tarifas abusivas en remesas
NUEVA YORK.- El congresista Ritchie Torres, representante del Distrito 15 de El Bronx, ha presentado una resolución federal que busca reinstaurar protecciones para los consumidores contra prácticas engañosas en el envío de remesas. Este servicio es vital para millones de familias inmigrantes, incluidas muchas dominicanas, que dependen de él para enviar dinero a sus seres queridos.
La propuesta, identificada como H.J.Res. 175, pretende restaurar una guía previamente emitida por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), la Circular 2024-02. Esta guía aclaraba cuándo las afirmaciones sobre el costo y la rapidez de las remesas podían considerarse engañosas según la ley federal.
De acuerdo con la oficina de Torres, dicha protección fue revocada recientemente como parte de una política de eliminación de directrices de la CFPB. Las remesas son un soporte económico crucial para muchas familias, especialmente en comunidades como El Bronx, donde una parte importante de los ingresos se destina a apoyar a familiares en el extranjero.
La resolución busca garantizar que las empresas que ofrecen estos servicios proporcionen información clara y precisa sobre tarifas, tiempos de entrega y costos asociados. “Para muchas familias en Estados Unidos, las remesas son un salvavidas financiero”, declaró Torres. “Las familias merecen transparencia al enviar el dinero que con tanto esfuerzo ganan para sus seres queridos. Nadie debe ser engañado sobre los costos o tiempos de envío”.
Esta iniciativa es parte de un conjunto de 23 medidas que los demócratas del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes están impulsando para restaurar varias orientaciones regulatorias eliminadas recientemente. Entre ellas se incluyen protecciones contra cobros excesivos por sobregiros, prácticas depredadoras en el cobro de deudas, discriminación en préstamos y explotación financiera de los militares.
Torres enfatizó que reforzar estas medidas es esencial para proteger a los consumidores más vulnerables y asegurar que el mercado financiero opere con transparencia y honestidad.
