Siete motoristas acusados de asesinato tras mortal persecución en Santiago
La Fiscalía de Santiago ha solicitado prisión preventiva para siete motoristas implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, un conductor de camión que intentó refugiarse en el parqueo del Palacio de Justicia tras ser perseguido por estos hombres. El desafortunado evento ocurrió luego de que los acusados le dieran caza, resultando en su fallecimiento mientras recibía atención médica en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña.
El grupo de imputados, compuesto por Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, está acusado de haber actuado en conjunto para interceptar y asesinar a Abreu Quezada. Según la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, la gravedad del crimen justifica la prisión preventiva de los acusados, dada la clara intención de causar daño.
La investigación liderada por la Fiscalía de Santiago, a través de su Departamento de Violencias Físicas, ha reunido pruebas concluyentes para demostrar que los imputados formaron parte de una turba que acorraló a la víctima, lo que llevó a su eventual muerte. Las fiscales Joanna García Rivas y Luisa García han sido fundamentales en la recopilación de evidencias para sustentar los cargos.
El incidente se originó en la Circunvalación Sur, donde Abreu Quezada fue interceptado por un motoconchista que, junto con otros motoristas, intentaron detenerlo tras un supuesto roce vehicular. Sin embargo, el chofer continuó su marcha, lo que provocó una persecución que culminó en el Palacio de Justicia. Las autoridades afirman que uno de los motoristas colocó su vehículo frente al camión para obligarlo a detenerse, pero Abreu Quezada siguió adelante, arrastrando la motocicleta por varios kilómetros.
Finalmente, la Fiscalía ha presentado cargos contra los siete individuos por asociación criminal y asesinato, según los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano. Entre las pruebas, se incluye un cuchillo de caza utilizado en el ataque, confirmando la premeditación del acto violento.
