Solicitud de 12 meses de prisión para el fiscal Aurelio Valdez Alcántara
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue acusado de gestionar y recibir $10,000 en una entrega controlada. El Ministerio Público presentó una solicitud de medida de coerción de 49 páginas en su contra. El fiscal Andrés Mena de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) llevó a cabo esta acción. Se solicitan 12 meses de prisión preventiva como medida coercitiva. La audiencia se llevará a cabo el lunes 30 de marzo a las 2:00 p. m. ante la magistrada Isis Muñiz.
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara se encuentra en el ojo del huracán, acusado de involucrarse en una entrega controlada de $10,000. El Ministerio Público ha presentado una extensa solicitud de medida de coerción de 49 páginas en su contra, liderada por el fiscal Andrés Mena de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se ha solicitado una prisión preventiva de 12 meses como medida coercitiva, y la audiencia está programada para el lunes 30 de marzo a las 2:00 p. m. ante la magistrada Isis Muñiz.
La solicitud de medida de coerción detalla el presunto manejo y recepción de los $10,000 por parte del fiscal Valdez Alcántara, provenientes de una persona bajo investigación. Esta situación ha generado un revuelo en el ámbito judicial, pues el fiscal se desempeñaba en la Pepca, donde ahora enfrenta serias acusaciones.
La magistrada Isis Muñiz presidirá la audiencia de solicitud de medida de coerción, siendo designada como jueza de Instrucción Especial para supervisar las investigaciones relacionadas con este caso en particular.
El fiscal Valdez Alcántara, quien ha participado en casos relevantes como Los Tres Brazos, Fodearte, Ministerio de Agricultura, Operación Medusa y SeNaSa, fue arrestado en flagrante delito el viernes pasado. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó su detención tras una investigación exhaustiva.
El Ministerio Público reportó que se decomisaron los $10,000 recibidos en la entrega controlada autorizada por un juez competente. Esta situación ha puesto en entredicho la integridad del sistema judicial y ha generado controversia en la opinión pública sobre la transparencia y la ética en las instituciones encargadas de velar por la justicia.
