Solicitud de extinción de la acción penal por la defensa de Donald Guerrero

Solicitud de extinción de la acción penal por la defensa de Donald Guerrero

El equipo legal de Donald Guerrero, exministro de Hacienda, liderado por el abogado Eduardo Núñez, presentó un incidente ante el tribunal solicitando la extinción de la acción penal debido al vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. Argumentan que el proceso penal comenzó en noviembre de 2020 con la afectación de los derechos fundamentales del imputado y que han transcurrido más de cinco años desde entonces, estando el caso aún en etapa preliminar.

El equipo legal de Donald Guerrero, exministro de Hacienda, liderado por el abogado Eduardo Núñez, ha presentado un incidente ante el tribunal en busca de la extinción de la acción penal debido al vencimiento del plazo máximo del proceso. Argumentan que el proceso penal se puso en marcha en noviembre de 2020, afectando los derechos fundamentales del imputado y transcurriendo más de cinco años desde entonces, estando aún en la etapa preliminar.

La defensa de Donald Guerrero ha presentado este viernes un recurso alegando el vencimiento del plazo máximo del proceso penal. Este planteamiento se apoya en la Constitución, el Código Procesal Penal y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Según la defensa, el inicio del proceso penal se dio en noviembre de 2020, momento en el que se afectaron los derechos fundamentales del imputado. Desde entonces han pasado más de cinco años y el caso sigue en una fase preliminar, argumentan.

El equipo legal ha respaldado sus argumentos con una serie de pruebas contundentes, como documentos oficiales, actuaciones procesales y jurisprudencia constitucional vinculante. Entre las pruebas presentadas se encuentra la alerta migratoria impuesta en noviembre de 2020 sin orden judicial, marcando el inicio del proceso.

Además, se ha destacado que los hechos imputados carecen de sustento material, ya que los pagos señalados como irregulares corresponden a obligaciones legales del Estado debidamente registradas y documentadas. La defensa sostiene que no hubo daño al patrimonio del Estado ni beneficio personal en los hechos imputados, por lo que consideran imposible la comisión de los delitos.

Los abogados han presentado una sólida argumentación respaldada por evidencia documental, jurisprudencia y precedentes constitucionales, consolidando su posición en la interpretación de la ley y en la defensa de su cliente, Donald Guerrero.