Sugerencia de no posponer más la aprobación de la Ley de Residuos Sólidos

Pedro Richardson, presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, ha lanzado un llamado a la presidencia del Senado para que envíe al Poder Ejecutivo la esperada Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, la cual se encuentra en espera de aprobación. Esta legislación, de vital importancia para los municipios y distritos del país, según Richardson, influirá directamente en la higiene, salud y protección del medio ambiente de los habitantes.

La sorpresa e indignación se apoderan de Richardson al constatar que la ley, que promete transformar la realidad de las comunidades a nivel nacional, sigue sin avanzar debido a la falta de acción del presidente del Senado, Ricardo de los Santos. La califica como una situación inaudita que perjudica el bienestar de la población y el entorno natural.

La Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos es vista como una herramienta fundamental que fomentará el reciclaje y la reutilización, contribuyendo así a preservar el medio ambiente. Su implementación garantizará la sostenibilidad en la gestión de residuos, promoviendo su recolección y disposición adecuada en estaciones de transferencia y sitios finales.

Richardson destaca que, a pesar de que la legislación fue aprobada hace más de un mes, el presidente del Senado no ha cumplido con el plazo establecido en el reglamento para su tramitación. Esta demora está generando un impacto negativo en la planificación presupuestaria de los gobiernos locales, lo cual requiere una pronta resolución para evitar mayores retrasos.

El llamado urgente de Richardson apunta a que la presidencia del Senado actúe con prontitud y remita la ley al Poder Ejecutivo, donde el presidente Abinader podrá decidir su promulgación o realizar observaciones. La necesidad de una acción inmediata se hace evidente para garantizar el bienestar de la población en todo el territorio nacional.

En este sentido, la comunidad espera con ansias que la ley sea enviada y aprobada, confiando en que se logrará un avance significativo en la gestión de residuos sólidos a favor de un país más limpio y sostenible. La responsabilidad recae en el presidente del Senado, quien debe cumplir con su deber constitucional y legislativo para el beneficio de todos.