Traslado de familias en el Puente de la 17: entre desafíos y consensos

La Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (Urbe) sigue con el emotivo traslado de familias que durante años han llamado hogar al espacio debajo del Puente Francisco del Rosario Sánchez, popularmente conocido como el “Puente de la 17”.

El viernes por la mañana, se observaba a varias familias empacando sus pertenencias con la ayuda del servicio de mudanzas proporcionado por la entidad, en un proceso que despierta sentimientos encontrados.

Algunos residentes expresaron su descontento al considerar que las compensaciones ofrecidas son insuficientes para adquirir una vivienda de calidad superior. Para ellos, el monto económico otorgado no representa una verdadera mejora en sus condiciones de vida.

Un ejemplo es Juan Carlos, quien ha compartido 43 años de su vida en ese espacio. Después de múltiples reclamos, aceptó finalmente los RD$750,000 ofrecidos por Urbe, en un acto que describe como una lucha constante. Aunque buscó viviendas, los altos precios le obligaron a tomar un préstamo adicional de RD$50,000 para completar la compra.

El proceso no está exento de conflictos. Annerys Tavares, por ejemplo, vivía en una casa de madera alquilada y recibió RD$250,000, mientras que la propietaria obtuvo RD$70,000. Yissel Estrella Delgado Caraballo denunció que, a pesar de haber sido informada en 2019 sobre su traslado, aún no ha recibido la compensación.

La historia de Natalí es conmovedora, pues junto a su esposo y hermanos vivían en una casa heredada que fue tasada en poco más de RD$300,000, obligándoles a buscar una vivienda de alquiler tras la tasación.

A pesar de las complicaciones, algunas familias se resisten al traslado. Martínez Medina Ferreras, con más de dos décadas en el lugar, no acepta la oferta al considerarla insuficiente.

Mientras se desarrollan estos traslados, los representantes de Urbe supervisan cada etapa del proceso para garantizar su correcta ejecución. Luis Alcántara, supervisor de la entidad, se encarga de verificar que se sigan los protocolos establecidos, asegurando un proceso justo y transparente para todas las partes involucradas.