Tribunal confirma medida de coerción a ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora

Tribunal confirma medida de coerción a ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora

El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta a ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci por la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar. Las imputadas son Yris del Carmen Reyes Adames, Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, Francisca Josefina Tavares Vélez, y Vilma Altagracia Vargas Morel. La medida de coerción incluye una garantía económica de 500 mil pesos, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país.

El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ha confirmado la medida de coerción impuesta a las ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci por el trágico fallecimiento de Stephora Anne-Mircie Joseph, una niña de 11 años que perdió la vida en un lamentable accidente durante una excursión escolar.

Las imputadas en este caso son Yris del Carmen Reyes Adames, Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, Francisca Josefina Tavares Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel. La medida de coerción incluye una garantía económica de 500 mil pesos, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país.

La madre de la pequeña, Loveli Raphael, se mostró visiblemente afectada al salir de la sala de audiencias, entre lágrimas expresó su deseo de que se haga justicia por la muerte de su hija. Acompañada de familiares que intentaban consolarla, Loveli reiteró su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en este trágico suceso.

El abogado de la familia, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que no se hayan incluido a otros posibles responsables relacionados con el colegio y el lugar donde ocurrió la tragedia. Señaló que el proceso ha sido complicado para la familia y que hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias de su hija.

La abogada de las imputadas, María del Pilar Zuleta, expresó su satisfacción con la decisión del tribunal, destacando que se evaluaron cuidadosamente los argumentos presentados antes de ratificar la medida de coerción. La corte ha fijado una audiencia para el 26 de marzo, donde se analizará el caso de los representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.

En medio de este doloroso proceso, es fundamental que se haga justicia y se esclarezcan los hechos para que situaciones como estas no se repitan en el futuro. La comunidad espera respuestas y medidas ejemplares que garanticen la seguridad y el bienestar de los estudiantes en todas las actividades escolares.