Vehículos bajo custodia tras incautación: ¿Cuántos son?

En 2023, nació en República Dominicana el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) con la misión de centralizar la gestión de estos activos. En apenas dos años y medio, el número de vehículos bajo su responsabilidad se disparó de 15 a 788 unidades. Este incremento impresionante muestra un avance significativo en la organización, aunque también pone de manifiesto la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad en el cuidado de estos bienes.

Cuando el Estado decidió reestructurar el sistema de custodia de bienes incautados y decomisados, prometió poner orden en un escenario de dispersión durante años. Así nació Incabide en 2023, como respuesta legal para garantizar una gestión transparente y ordenada de estos activos.

Un análisis de la base de datos de vehículos bajo la administración de Incabide revela un panorama dinámico: el número de vehículos pasó de 15 a 788 unidades en poco más de dos años. Este aumento exponencial refleja un cambio significativo. Sin embargo, también destaca la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en la custodia y mantenimiento de estos bienes.

Al observar los datos, se destaca que más de la mitad de los vehículos bajo la administración de Incabide son motocicletas, motores, pasolas y motocarros, mientras que los automóviles ocupan un segundo lugar. Esta tendencia sugiere que el parque de vehículos estatales está compuesto principalmente por unidades livianas, abundantes y en muchos casos difíciles de rastrear en detalle.

Es relevante mencionar que una gran parte de los registros de vehículos no cuenta con información completa, como la falta de placa en el 64.3% de los casos, la ausencia del año del vehículo en el 93.9% y la falta de identificación del modelo en casi una tercera parte de los casos.

Además, la concentración geográfica de estos vehículos es llamativa, ya que más de la mitad se encuentra en Santiago o “Santiago/Jacagua”, seguido por el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Sin embargo, no se especifica si la ubicación se refiere al lugar de incautación, almacenamiento o administrativo.

Este proceso es el resultado de legislaciones recientes, como la Ley 340-22 aprobada en 2022, que regula la extinción de dominio de bienes ilícitos y establece las acciones a seguir por el Ministerio Público en estos casos. La transparencia y la publicidad son aspectos fundamentales en este proceso, donde la información debe ser divulgada en medios nacionales y portales especializados.