Impacto de la Nueva Reforma Tributaria en República Dominicana
La reciente aprobación de la Ley 30-26, conocida como la Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, ha generado un amplio debate en el país. Esta legislación, que fue rápidamente aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo, introduce cambios significativos en el sistema tributario dominicano.
Uno de los aspectos más destacados es el aumento del impuesto sobre los cheques y las transferencias electrónicas, que pasa de 1.5 por mil a 2.0 por mil. Esta medida, aunque inicialmente transitoria, se ha mantenido como una fuente de ingresos para el Estado.
Los asesores en tributación y contadores están trabajando para entender cómo se aplicarán estos cambios. La claridad en la aplicación de la ley es crucial, y la Administración Tributaria tiene la responsabilidad de garantizar que todos comprendan las modificaciones introducidas.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuesto, debe publicar las proyecciones de ingresos fiscales para los próximos años, hasta 2028. Además, se espera que expliquen cómo se ejecutará el gasto público, tras el anuncio de la revisión de 40,000 millones de pesos del presupuesto.
Entre los aspectos positivos de la ley, se destaca la reducción del impuesto sobre las hipotecas y las ganancias de capital, que beneficiará a las personas físicas que vendan su vivienda habitual para adquirir otra. Sin embargo, persisten críticas sobre la falta de simplificación de los impuestos selectivos, que afectan a diversos sectores como el tabaco, alcohol, telecomunicaciones y combustibles.
La reforma también eleva las retenciones sobre rentas diversas, honorarios profesionales y alquileres, mientras introduce nuevos gravámenes sobre pagos al exterior por servicios digitales. La rapidez con la que se aprobó la ley ha impedido un debate exhaustivo, dejando cuestiones pendientes que podrían requerir futuras correcciones.
En resumen, aunque la Ley 30-26 busca impulsar el crecimiento económico, también introduce complejidades que podrían encarecer el costo de hacer negocios y vivir en el país. Una reforma estructural más amplia será necesaria para simplificar el sistema tributario y fomentar la productividad y el crecimiento económico.
