Comercio de Provisiones Aboga por Contribuciones Ambientales Proporcionales

El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) ha propuesto que las contribuciones estipuladas en la Ley No. 98-25, que modifica la Ley No. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, se calculen no solo según el nivel de facturación de las empresas, sino también considerando la naturaleza de la actividad económica y la cantidad de residuos generados.

Esta propuesta fue enviada formalmente al presidente Luis Abinader, así como a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, y a otros líderes del sector empresarial y gubernamental. El CNCP sostiene que un sistema de contribuciones ambientales debe reflejar el impacto ambiental de cada actividad, asegurando que quienes generan más residuos contribuyan más al sistema de gestión de residuos.

El comercio mayorista de provisiones, según el CNCP, es un canal clave para el abastecimiento de alimentos y productos esenciales en el país. A diferencia de otras actividades económicas, este sector opera con márgenes de rentabilidad reducidos y genera menos residuos que las actividades industriales.

Jorge A. Jerez Espinal, presidente del CNCP, reafirmó el compromiso de la organización con los objetivos de la legislación ambiental, abogando por un sistema equitativo donde las contribuciones se alineen con los residuos generados. La propuesta no busca excepciones, sino equidad ambiental, donde quienes impactan más el sistema contribuyan más a su sostenibilidad.

Jerez enfatizó que la incorporación de criterios de proporcionalidad fortalecería la legitimidad de la normativa, asegurando un trato justo entre los sectores productivos y manteniendo la competitividad de actividades estratégicas para el país. El CNCP se mantiene abierto al diálogo y la colaboración con las autoridades, buscando políticas públicas basadas en evidencia técnica y consenso.

Esta postura del CNCP surge en un contexto donde diversos actores empresariales destacan la necesidad de fortalecer el diálogo y la consulta técnica en torno a las modificaciones legislativas sobre residuos sólidos, con el objetivo de lograr un marco normativo sostenible y equilibrado.