Tribunal Pospone Decisión sobre Medidas de Coerción en Caso Onco14

El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para dos de los implicados en el caso Onco14, mientras que para una tercera persona se ha pedido arresto domiciliario.

La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, ha pospuesto hasta el lunes 29 de junio la decisión sobre las medidas de coerción solicitadas.

La decisión fue tomada después de escuchar los argumentos de ambas partes durante la audiencia. El Ministerio Público busca que el caso sea declarado complejo.

Entre los acusados se encuentran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, y Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.

Para Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato, se ha modificado la solicitud a prisión domiciliaria debido a su colaboración con la investigación.

El expediente acusa a los imputados de formar parte de una red de fraude clínico y farmacéutico, incluyendo alteración de indicaciones médicas y doble facturación al SeNaSa.

También se les atribuye la venta de medicamentos donados, uso irregular de exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas, y lavado de activos, entre otros cargos.

El abogado de Vargas Sánchez, Ricardo Reina, justificó el cambio de medida por la cooperación de su clienta con las autoridades.

Francisco Consoró, abogado de Lora Cruceta y Guzmán, calificó la investigación como un abuso y una actuación arbitraria, señalando que el patronato fue intervenido de manera irregular.

Consoró también mencionó que existe un proceso en la jurisdicción civil para anular las asambleas que llevaron a la sustitución de Lora Cruceta.

Al finalizar la audiencia, los representantes del Ministerio Público, liderados por Wilson Camacho, se retiraron sin ofrecer declaraciones.