El Nuevo Código Penal: Últimos Debates Antes de su Implementación
En Santo Domingo, el nuevo Código Penal está a punto de entrar en vigor el próximo 3 de agosto, pero enfrenta un intenso debate sobre su implementación. Diversos sectores han propuesto aplazar su aplicación para revisar artículos cuestionados y esperar posibles acciones de inconstitucionalidad.
A pesar de estas propuestas, legisladores, juristas y funcionarios que participaron en la reforma insisten en que la normativa debe comenzar a aplicarse en la fecha establecida. Argumentan que cualquier mejora necesaria puede realizarse posteriormente mediante modificaciones legislativas.
Después de más de dos décadas de discusiones y múltiples intentos fallidos, figuras como el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el vocero de los diputados del PRM, Amado Díaz, se oponen a un nuevo aplazamiento. De los Santos subraya que el país necesita una legislación moderna para enfrentar nuevas modalidades delictivas.
Ramón Bueno, diputado oficialista, defiende el proceso de consultas y consenso que precedió la aprobación del código, señalando la necesidad de su aplicación inmediata. Estas posiciones contrastan con las de instituciones como Finjus y el Colegio Médico Dominicano, que han pedido revisar ciertos artículos y posponer la vigencia.
El abogado penalista Miguel Valerio advierte que extender la vacatio legis podría provocar un vacío jurídico, ya que la nueva legislación deroga el Código Penal vigente y varias leyes penales especiales. Valerio enfatiza que aplazar la aplicación no es jurídicamente viable.
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, apoya la promulgación del código y sugiere iniciar un proceso de revisión para abordar preocupaciones, especialmente en torno a la libertad de expresión. El Gobierno está en diálogo con líderes de opinión y medios de comunicación para ajustar estas disposiciones.
Por su parte, el diputado Charlie Mariotti Jr. ha presentado un proyecto de ley para modificar artículos específicos de la Ley núm. 74-25, con el objetivo de fortalecer las garantías constitucionales.
