Controversias en el Código Penal: Un Debate Nacional sobre Delitos y Sanciones
El nuevo Código Penal de la República Dominicana ha generado un intenso debate en la sociedad, centrado en las conductas que se penalizan y las que no. Entre los temas más polémicos se encuentran el aborto, la negligencia médica, la difamación, la corrupción y la discriminación.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha señalado errores de técnica legislativa en el texto aprobado por el Congreso. Estos errores podrían complicar la aplicación efectiva de la ley, según advierten.
El Colegio Médico Dominicano ha expresado su preocupación por la penalización de actos médicos, temiendo que esto fomente la medicina defensiva. Han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar artículos que consideran problemáticos.
La penalización del aborto ha sido uno de los temas más debatidos, con penas de dos a tres años de cárcel para quienes interrumpan un embarazo. Esta medida ha sido criticada por diversos sectores de la sociedad.
La difamación y la injuria también han sido objeto de controversia, con penas que van desde 15 días hasta 10 años de prisión. Finjus advierte que estas disposiciones podrían afectar la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo de censura.
Además, el nuevo Código exime de responsabilidad penal al Estado, partidos políticos, ayuntamientos e iglesias, lo que ha sido criticado por organizaciones como Participación Ciudadana. Consideran que esto crea privilegios y limita la rendición de cuentas.
La exclusión de la orientación sexual como motivo de discriminación ha dejado a la comunidad LGBT sin una protección expresa, según algunos críticos. Sin embargo, sectores conservadores sostienen que la protección ya está implícita.
El límite de 20 años para perseguir la corrupción también ha sido cuestionado, ya que podría dificultar el enjuiciamiento de casos que salen a la luz años después de cometidos.
Finjus ha solicitado al Poder Ejecutivo que promueva una ley para extender el período de vacatio legis, permitiendo corregir las inconsistencias antes de que el Código entre en vigor. La entidad busca asegurar que la reforma cuente con la solidez técnica necesaria.
