Denuncian Violación de Derechos en Centros de Retención de Santo Domingo Este
La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), liderada por Rodolfo Valentín, ha presentado dos recursos judiciales tras denunciar la violación de derechos fundamentales de detenidos en Santo Domingo Este. Según Valentín, varias personas permanecen arrestadas sin que se hayan solicitado medidas de coerción en el plazo constitucional de 48 horas.
Entre las acciones legales se incluye un recurso de amparo que se conocerá este viernes en la provincia Santo Domingo Este, debido a las condiciones infrahumanas en las que se encuentran los detenidos en diversos destacamentos policiales.
Además, Valentín ha interpuesto un recurso de habeas corpus a favor de diez personas que siguen privadas de libertad sin que se haya solicitado medida de coerción, lo que contraviene el artículo 40, numeral 5, de la Constitución dominicana.
El defensor público destacó que, pese a haber transcurrido más de 48 horas desde las detenciones, las autoridades no han solicitado las medidas de coerción correspondientes. La Constitución establece que toda persona detenida debe ser presentada ante una autoridad judicial en un plazo máximo de 48 horas.
La ONDP ha alertado sobre el deterioro de la prisión preventiva y el hacinamiento en destacamentos, lo que representa una amenaza para las garantías constitucionales y el debido proceso. Valentín denunció que espacios con capacidad para 20 personas albergan hasta 80, violando el Estado social y democrático de derecho.
En un contexto previo, Valentín solicitó la destitución de la procuradora fiscal Ayeisa Cedeño por presunto abuso de poder, al mantener detenidas a 13 personas más allá del plazo constitucional sin presentarlas ante un juez. Esta situación fue calificada como un abuso de autoridad que atenta contra la dignidad humana y las garantías constitucionales.
El director de la Defensa Pública enfatizó que ningún funcionario está por encima de la ley ni de los derechos fundamentales, y que estas acciones desacreditan al Ministerio Público y revictimizan a los afectados y sus familias.
