Bloqueo de Celulares Robados: Un Viejo Mecanismo Presentado como Novedad

El Ministerio de Interior y Policía ha anunciado el bloqueo de 7,752 teléfonos celulares reportados como robados o extraviados, junto con la validación de otros 15,200 equipos. Este anuncio se presenta como un avance en seguridad ciudadana, respaldado por 23,082 denuncias remitidas por la Policía Nacional.

Sin embargo, esta medida no es una nueva política de seguridad, sino la aplicación de un mecanismo ya existente. El bloqueo de equipos mediante el código IMEI ha estado operativo en la República Dominicana desde que el país ingresó a la lista negra global de la GSMA en 2015. La Resolución núm. 041-2020 del INDOTEL, que obliga a las prestadoras de servicios a bloquear celulares robados, entró en vigor en marzo de 2022.

Desde entonces, más de 96,000 equipos han sido bloqueados, lo que indica que el reciente anuncio no es una innovación, sino la ejecución tardía de una obligación estatal. La verdadera cuestión es por qué se acumularon 23,082 denuncias antes de que una comisión especial comenzara a operar en abril.

El retraso no se debe a la falta de una ley, sino a debilidades en la gestión y supervisión institucional. Además, falta información pública sobre cuántos reportes quedaron fuera del proceso y cuánto tiempo permanece activo un celular robado tras ser denunciado.

El problema subyacente son los robos y los mercados ilícitos que prosperan con una respuesta estatal lenta. El bloqueo de un celular debe ser inmediato y transparente para ser efectivo. INDOTEL debe publicar indicadores claros sobre denuncias, equipos bloqueados, y tiempos de respuesta para evaluar si el sistema realmente protege a la ciudadanía.

La seguridad ciudadana se fortalece cuando el Estado actúa de manera preventiva y oportuna, no presentando como novedad una obligación ya vigente.