La Responsabilidad Civil de los Funcionarios Públicos en República Dominicana
El Estado Social y Democrático de Derecho, según la Constitución Dominicana, busca proteger el bienestar de las personas frente a la administración pública, asegurando un trato digno y respeto a los derechos fundamentales.
Esta estructura se basa en varios artículos de la Constitución, como los artículos 6, 7, 8, 68, 138, 139 y 148, junto con las normas del derecho administrativo, destacando la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas.
La teoría del estado de derecho, presente en las constituciones modernas, actúa como un mecanismo de protección contra posibles daños causados por la arbitrariedad de los funcionarios públicos.
Enrique Gil Botero, en su obra sobre la responsabilidad extracontractual del Estado, señala que el servidor público debe garantizar un servicio de calidad, respetando la constitución y las leyes administrativas.
La función pública implica que todos los funcionarios, sin importar su rango, tienen deberes hacia los ciudadanos y una responsabilidad solidaria en sus acciones, como establece el artículo 148 de la Constitución.
El Tribunal Constitucional ha emitido sentencias que responsabilizan a los funcionarios por daños y perjuicios causados a los administrados, debido a omisiones o arbitrariedades.
Para evitar estas situaciones, es crucial que los funcionarios de mayor jerarquía consideren la competencia y experiencia de quienes delegan funciones complejas, asegurando el cumplimiento de la ley y la jurisprudencia constitucional.
Los errores y omisiones suelen originarse en el cuerpo de servidores públicos, afectando la funcionalidad de la administración y, en consecuencia, el desarrollo económico del país.
La administración pública debe enfocarse en mejorar la eficiencia y educación dentro de sus instituciones, optimizando las estructuras administrativas y los servicios ofrecidos, como lo sugiere el libro de Eduardo Jorge Pratts sobre la administración pública en el Estado social y democrático de derecho.
