Preocupación por Aumento de Denuncias en Operativos Migratorios en RD

En Santo Domingo, las organizaciones que conforman la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados han reportado recibir entre 30 y 40 denuncias diarias relacionadas con presuntos abusos durante los operativos de deportación en el país.

William Charpentier, coordinador de la entidad, destacó que estas denuncias, que llegan tanto por vía telefónica como presencial, reflejan un deterioro en la situación de la población migrante en la República Dominicana.

Charpentier expresó su rechazo a los actos de violencia y humillación que, según él, se han intensificado en las últimas semanas durante estos operativos.

Las acusaciones señalan la participación de inspectores, agentes policiales y policías municipales que presuntamente irrumpen en viviendas y extorsionan a los migrantes, sin que haya una respuesta efectiva de las autoridades.

La organización reconoce el derecho del Estado dominicano a controlar la migración irregular, pero insiste en que las acciones deben respetar la dignidad humana y los estándares internacionales.

Entre las denuncias se incluyen la separación de familias y la deportación de mujeres poco después de dar a luz, lo que deja a menores en situación de vulnerabilidad.

Charpentier calificó el proceso de deportación como un “pillage” y advirtió sobre el círculo vicioso que se genera debido a la crisis en Haití, que provoca el regreso de los deportados.

El dirigente solicitó una investigación independiente sobre los presuntos abusos y pidió al Ministerio Público que establezca responsabilidades en las provincias afectadas.

Además, reclamó la implementación de protocolos claros para los operativos, subrayando que la Ley General de Migración establece que deben ser encabezados por inspectores de Migración y no por policías municipales.

La organización ha tenido que reducir sus actividades presenciales, fortaleciendo la orientación virtual para ofrecer asesoría a más de 200 personas sobre sus derechos y procedimientos migratorios.

Charpentier reiteró que no se cuestiona la facultad del Estado para deportar, pero enfatizó que debe hacerse dentro del marco legal y respetando las garantías constitucionales.