Contratistas Exigen a Educación Devolución de Fondos Retenidos
En Santo Domingo, un grupo significativo de contratistas de escuelas, representados por la Unión de Contratistas de Obras Civiles y Mantenimiento de Infraestructura (UCOCOMI), ha reiterado su exigencia al presidente Luis Abinader y al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García. Los contratistas demandan la devolución de montos que consideran fueron cobrados de manera irregular durante la ejecución de proyectos escolares.
El principal reclamo se centra en la devolución de las retenciones realizadas bajo la Ley 6-86 de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS). Según los contratistas, el 1 % aplicado en cada cubicación pagada debería ser responsabilidad del propietario de la obra, en este caso, el Ministerio de Educación (MINERD) o la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE).
UCOCOMI sostiene que estas retenciones no debieron ser aplicadas a los contratistas, ya que no son ellos quienes deben asumir dicho pago. Además, argumentan que el 1 % deducido debería estar incluido en los gastos generales del presupuesto base de los sorteos del Plan Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE).
Otro punto de conflicto es la devolución de los intereses generados por las líneas de crédito autorizadas por el Banco de Reservas, facilitadas a través del MINERD para continuar con la construcción de los centros educativos. UCOCOMI asegura que esta devolución está respaldada por la Ley 118-21, extendida por la Ley 83-24.
A pesar de haber sido recibidos en múltiples ocasiones por autoridades del MINERD, los contratistas afirman que aún no han obtenido una solución definitiva. Esta situación ha generado dificultades económicas para muchos de ellos, colocándolos al borde de la quiebra.
Finalmente, los ingenieros contratistas apelan al presidente Abinader para que intervenga en el asunto, solicitando transparencia y una respuesta clara de las autoridades. Subrayan que no están pidiendo recursos adicionales, sino la devolución de los fondos que, según su denuncia, les corresponden legítimamente.
