Julio Cury Solicita Investigación al Congreso sobre Reglamento de Encuestas de la JCE
El abogado Julio Cury ha instado al Congreso Nacional a investigar a los miembros de la Junta Central Electoral (JCE). Según Cury, el reglamento aprobado por la JCE para regular las encuestas electorales podría exceder sus facultades constitucionales y constituir una falta grave que ameritaría un juicio político.
La controversia gira en torno a la Resolución 14-2026, emitida el 22 de mayo de 2026, que establece el procedimiento para el registro de encuestadoras y la publicación de encuestas electorales. Esta resolución fue aprobada por unanimidad por los cinco miembros del pleno de la JCE.
El artículo 13 del reglamento prohíbe la publicación de encuestas con fines electorales antes del inicio de la precampaña, fijado para el primer domingo de julio del año anterior a las elecciones. Además, contempla sanciones como la suspensión del registro de la encuestadora entre seis meses y un año, y su cancelación definitiva en caso de reincidencia.
Cury argumenta que esta prohibición entra en conflicto con el artículo 216 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, que solo prohíbe la publicación de encuestas durante los ocho días previos a las elecciones, permitiendo su divulgación antes de ese periodo.
El jurista sostiene que la JCE ha convertido en infracción una conducta permitida por la ley, violando el principio de legalidad de las sanciones administrativas. Recordó que el Tribunal Constitucional ha dictaminado que la potestad reglamentaria no permite a un órgano administrativo sustituir al legislador.
Cury propone que el Congreso forme una comisión especial para investigar quiénes aprobaron la disposición, qué objeciones constitucionales conocieron y las razones para mantener la prohibición. No busca una destitución automática, sino determinar si la actuación constituye una falta grave que podría llevar a un juicio político.
Diversas organizaciones, como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), han solicitado a la JCE revisar la normativa, argumentando que restringe derechos fundamentales y que el organismo debe actuar dentro de los límites constitucionales.
